La Comisión Europea retrasa una semana sus sugerencias mientras numerosos socios no ven la urgencia ni la necesidad de poner en peligro el funcionamiento del mercado con intervenciones agresivas

«Hay que actuar, pero no sobreactuar». Las palabras del comisario de Asuntos Económicos de la UE, Paolo Gentiloni, son un jarro de agua fría para las aspiraciones de España, Francia o Grecia, tres de los países más preocupados y más activos por el precio de la luz, cuya cruzada a favor de medidas a nivel continental y cambios en el marco legal para permitir intervenciones más agresivas de los gobiernos no ha recibido el respaldo deseado entre sus socios.

Las conclusiones del encuentro de los ministros de Finanzas este lunes y martes en Luxemburgo han sido mucho más cautas de lo que Madrid y París esperaban a tenor de los datos. Con el gas disparado y los precios en máximos histórico, llevando los recibos de la luz a niveles insoportables para cientos de miles de personas, algunos Gobiernos esperaban un mensaje más contundente. Las acciones a nivel comunitario no son tantas, y los tiempos todo el mundo sabe que largos, pero el balance del encuentro es que el apetito no es tan fuerte, que muchos creen que la situación se ‘normalizará’ a principios de 2022 y que hacer cambios de calado en el margo regulatorio puede ser más peligroso que positivo.

«La situación actual es insoportable para nuestros ciudadanos y las empresas, necesitamos cambiar y abordar la situación del mercado energético europeo porque no es adecuado para lo que queremos lograr, que es la lucha contra el cambio climático», lamentó el ministro galo, Bruno Le Maire. «Se ve un creciente interés por parte de todos los Estados Miembro y las instituciones de dar una respuesta europea a esta cuestión que es un problema global y requiere respuesta coordinada. España ha puesto un conjunto de iniciativas, como la creación de reservas estratégicas de gas que permitiría negociar con una sola voz y mejorar la capacidad de negociación de cara a los grandes suministradores. Hemos propuesto una revisión de los mercados de CO2 para reducir el impacto de la especulación y, en general, la necesidad de revisar el marco regulatorio para poder dar una respuesta a la volatilidad de los precios que se ha producido en medio de la transición verde», se sumó la vicepresidenta Nadia Calviño.